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Domingo, 18 de Febrero del 2018
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Indignados, disidentes y dirigentes vecinales ponen en jaque a alcaldes

La Paz.-

Bolivia

Los voceros de los municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba ven motivaciones políticas detrás de los pedidos. Las justificaciones van desde los malos tratos hasta la aplicación de leyes ‘abusivas’.

El poder de los hombres que administran las tres ciudades más grandes del país se ve amenazado por un profesor, un dirigente vecinal y un gremialista de bares. Los alcaldes de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández; Cochabamba, José María Leyes, y La Paz, Luis Revilla, tienen activos pedidos de trámites para poder revocarlos y si sus detractores logran reunir decenas de miles de firmas en los próximos 90 días, podrían enfrentarse al escrutinio ciudadano en las urnas en noviembre de este año.

Mientras los que piden los referendos ven violaciones de derechos humanos, impuestazos y falta de gestión como los principales motivos para querer que los alcaldes abandonen su cargo antes de concluir su mandato, desde los entornos ediles aseguran que hay móviles políticos por detrás.

En las dos ciudades andinas apuntan al MAS como principal responsable del intento de revocatorio, mientras que en Santa Cruz de la Sierra no identifican claramente al enemigo.

Wilson Días de Oropeza es un docente que firma los pedidos de revocatorio para Percy Fernández Áñez y Angélica Sosa.

Según la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz de la Sierra, Sandra Kettels, en el documento contra el alcalde no hay ninguna observación de forma, aunque sí en el de Sosa. Explicó que la sala plena del TED aún no ha podido tratar el caso de ambas autoridades y que, a más tardar hasta hoy en la tarde, se sabrá si se aceptan o no los pedidos de revocatorio para ambos.

Díaz de Oropeza se describe a sí mismo como un ciudadano preocupado por el desarrollo de Santa Cruz al que le molesta ver cómo se pisotea las leyes de manera constante, tanto en el país como en la ciudad de los anillos. Es docente de profesión, cochabambino de nacimiento con más de 20 años de radicatoria en Santa Cruz de la Sierra. Tiene una hija nacida acá y ha decidido “ejercer el derecho que le da la Constitución Política del Estado” y solicitar la revocatoria del alcalde.

Díaz de Oropeza considera que Fernández cometió violaciones a los derechos humanos sobre todo contra los residentes de otros departamentos en Santa Cruz de la Sierra. No lo dice solo por el sonoro insulto contra la gremialista del nuevo mercado La Ramada, sino también porque considera que puso en riesgo la vida de personas al arrasar con maquinaria pesada los puestos de comerciantes del mercado Abasto, además de atentar contra su derecho al trabajo.

“Como residente, he observado esa situación”, recalca.

Tras el insulto del alcalde a la gremialista, en las redes sociales se desató una discusión sobre quiénes tenían la culpa del desorden de la ciudad de los anillos, si los nativos o los llegados de otras latitudes. Al parecer, eso terminó de impulsar a Díaz de Oropeza, que asegura que no es militante de ningún partido político ni tiene un plan para juntar las 300.000 firmas que necesita para revocar al alcalde y a la presidenta del Concejo.

Desde la Alcaldía, Jorge Landívar, secretario de Comunicación, asegura que hay un trasfondo político, un acomodo con miras a las municipales de 2020, aunque no aclaró de quien. Prefiere esperar a ser notificado para hablar.

Angélica Sosa emitió un videocomunicado en el que asegura que ella y el alcalde están tranquilos y cree que lo que molesta es la “misión de ordenar los mercados” que se ha trazado esta gestión.

Díaz de Oropeza negó ser militante o estar financiado por algún movimiento político.

El primer alcalde del eje que se vio con la posibilidad de ser revocado fue José María Leyes.

El demócrata cochabambino se enfrenta a una plataforma ciudadana llamada Cambiemos al alcalde, cuyo vocero es José Luis Rodo, “propietario de establecimiento nocturno” que denuncia maltratos de parte de la Alcaldía.

En el colectivo de oposición a Leyes hay exmilitantes de Demócratas, que según Álex Contreras, secretario ejecutivo de Leyes, reclaman pegas. Para Contreras, detrás del pedido de revocatorio está la mano del MAS, que le quiere cobrar al alcalde su oposición al Código Penal. Lo mismo opinó Leyes cuando estuvo la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra. Cree que es un intento de desviar la atención de la “mala gestión gubernamental”.

Rodo y compañía tienen 90 días para reunir 144.000 firmas.

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