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Sábado, 27 de Abril del 2024
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Goodlatte malinterpreta una sencilla directriz administrativa

Por: Maria Ponce
Washington DC.-

El viernes pasado, el gobierno de Obama dio a conocer una sencilla directriz administrativa al aclarar que los encargados de hacer cumplir las leyes migratorias del país deberían utilizar decencia básica y sentido común al decidir cómo lidiar con inmigrantes detenidos que al mismo tiempo son padres de niños pequeños.

A pesar del sencillo alcance de dicha directriz, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Bob Goodlatte (R-VA), declaró que eso “envenena el debate” en torno a la reforma migratoria y es evidencia de que el mandatario está tratando de “politizar el tema” de la inmigración.

Exageró hasta el extremo el alcance de dicha directriz asegurando que “el presidente Obama ha abusado una vez más de su autoridad y unilateralmente rechazó hacer cumplir nuestras actuales leyes migratorias indicando a los agentes del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) detener la eliminación de amplias categorías de inmigrantes ilegales”.

De acuerdo con Frank Sharry, de America’s Voice, “¿qué directriz está interpretando o a la que está reaccionando Bob Goodlatte? Encima de la gira de descalificación a través de la que demostró su constante línea dura antiinmigrante, la reacción de Goodlatte es otro recordatorio de que es la persona equivocada para conducir la política migratoria de los republicanos y el proceso en la Cámara Baja”.

Como describió ABC News/Univision, la directriz “es un recordatorio de que los agentes pueden –y deben— considerar que la persona que tienen bajo custodia podría tener una familia, y que esa detención puede tener más amplias repercusiones… que podría significar que dicha persona detenida por agentes migratorios podría terminar en una instalación más cercana a su hogar, en vez de ser remitida a un área más lejana. El cambio no es un alivio para los inmigrantes indocumentados, sino que agrega medidas que podrían ayudar a los padres que están detenidos o en proceso de deportación”.

La nueva directriz podría avanzar medidas básicas en relación con el trato a padres inmigrantes en el sistema de detención, tales como: permitir a los hijos visitar a sus padres mientras éstos están detenidos; reducir las transferencias de los padres lejos de los hijos mientras esperan una decisión en su caso migratorio; permitir a los padres participar en audiencias familiares mientras están detenidos, de tal manera que puedan luchar por sus derechos como padres; y notificar por adelantado los itinerarios a los inmigrantes que van a ser deportados, de tal modo que puedan hacer planes de viaje para sus niños que se les unirán.

Estas especificaciones están por encima de la orientación general, ya preparada por la política discrecional procesal del DHS que dice que la prioridad en utilizar recursos de seguridad migratorios está destinada hacia individuos involucrados en actividad criminal.

Sin embargo, su aplicación ha quedado corta y muchos padres de niños ciudadanos estadounidenses siguen siendo el blanco de autoridades migratorias. De hecho, el lanzamiento de la nueva directriz sobre cómo tratar a los padres en el sistema de detención pone de relieve el hecho de que los padres inmigrantes de hijos menores siguen atrapados en la maquinaria de la deportación.

Nada de esto, sin embargo, parece importarle a Goodlatte, cuyo aspaviento tras la nueva directriz es evidencia de que está una vez más la altura de su pasada calificación de A+ y de su premio Listón Azul de parte de la organización antiinmigrante Numbers USA.

La semana pasada, el representante Goodlatte dejó en claro su posición a una vía a la ciudadanía para la vasta mayoría de los inmigrantes indocumentados, incluyendo a los DREAMers; su probable intención de obtener un “no” a la reforma, expresando el deseo de pretender una solución sustancial más que quererla; y su constante apoyo al SAFE Act que redoblaría el perfilamiento racial y la criminalización de los inmigrantes.