Proinmigrantes piden una investigación de supuesta violación a indocumentado
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- Categoría: Nacional
- Publicado el Domingo, 17 Noviembre 2013 1:14am
Chicago.- 
NIJC, con sede en Chicago (Illinois), explicó hoy en un comunicado que la violación habría ocurrido el mes pasado en la cárcel del condado de Jefferson, de la ciudad de Boulder. La víctima sería Audemio Orozco Ramírez, padre de siete hijos, que fue deportado a México en 2011 y regresó ilegalmente a Estados Unidos y actualmente tiene otra orden de deportación pendiente.
La directora de litigios de NIJC, Claudia Valenzuela, expresa en el comunicado que la evidencia analizada indicaría que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “no hizo nada” para proteger los derechos humanos básicos y la seguridad de Orozco.
El testimonio dado por Orozco a esta organización indica que fue atacado mientras dormía durante la primera noche que permaneció en la cárcel, y que tuvo que esperar dos días hasta ser transferido a otra prisión en Idaho y poder realizar la denuncia.
Orozco declaró que una vez denunció la agresión, las autoridades del condado y de ICE lo obligaron a participar en una entrevista donde estuvo esposado y sin ayuda de un abogado, y además se negaron a informar sobre la investigación.
“Si la cárcel del condado de Jefferson hubiera implementado las salvaguardias de la Ley de Eliminación de Violaciones Sexuales en las Cárceles (PREA), es muy posible que Orozco jamás hubiera soportado el horror descrito”, señala Valenzuela. “Y tampoco habría tenido que esperar dos días para denunciar la agresión, o que se le negara la ayuda de un abogado durante la entrevista con ICE”, agrega.
NIJC recordó que el Congreso aprobó la PREA en 2003 para que las cárceles y centros de detención tomen medidas preventivas que mantengan a los detenidos a salvo de agresiones sexuales, asegurar a las víctimas la posibilidad de denunciar esas agresiones y de recibir tratamiento médico y psicológico.
El NIJC y la Alianza de Justicia Inmigrante de Montana presentaron un pedido conjunto para que el DHS investigue el caso de Orozco y divulgue las medidas que ha tomado para aplicar la PREA en todas las instalaciones que alojan a inmigrantes indocumentados.
Se calcula que en Estados Unidos hay 250 establecimientos contratados por la ICE para alojar a personas que buscan asilo, indocumentados a la espera de ser deportados, inmigrantes ancianos y sobrevivientes del tráfico humano, entre otros.