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Sábado, 18 de Noviembre del 2017
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Congreso salvadoreño extiende Hasta el 2018 las medidas contra las pandillas en las cárceles

San Salvador.-

Salvador

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias que suman unos 60.000 miembros.

El Congreso de El Salvador extendió hoy hasta abril de 2018 unas “medidas extraordinarias” de seguridad carcelaria que en 2016 dieron inicio a una ofensiva contra las pandillas. La prórroga fue aprobada con 73 de los 84 votos posibles, pese a que las pandillas, a las que el Gobierno atribuye las altas tasas de homicidio del país, pidieron recientemente un diálogo.

Estas políticas extraordinarias incluyen la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad y el corte de las telecomunicaciones en los penales, un estricto régimen que algunas iglesias cristianas han pedido cesar en pro de los derechos humanos.

La aplicación de las medidas “ha permitido experimentar una significativa mejoría en el control al interior de los centros penales, lo cual repercute en la disminución de la actividad delictiva al exterior”, reza el decreto que dio luz verde a la prorroga.

Según las autoridades de Seguridad, los pandilleros mantenían el control de los recintos y desde su interior ordenaban extorsiones, purgas de sus estructuras y hasta masacres.

Las medidas han caído sobre los 6 penales que más pandilleros albergan: Chalatenango (norte), Ciudad Barrios (nordeste), San Francisco Gotera (nordeste), Izalco (oeste), Quezaltepeque (noroeste) y el de máxima seguridad en Zacatecoluca (sureste). En un inicio también incluía al penal de Cojutepeque (este), pero este fue clausurado en junio de 2016.

El Gobierno atribuye la reducción del 20,7 % de los asesinatos en el 2016 a estas medidas y otras paralelas, como el despliegue de más militares y la creación de un comando elite par cazar a las columnas armadas de pandilleros. También la baja del 65 % de las muertes violentas en enero recién pasado, cuando se registraron 256 asesinatos, frente a los 740 del mismo mes en 2016.

“La regulaciones extraordinarias son razonablemente necesarias y útiles para garantizar el control efectivo de los centros penitenciarios”, concluye el decreto legislativo.

Pese a la reducción que se dio en 2016, ese año se colocó como el segundo más violento de la historia reciente del país centroamericano con una tasa de 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo por atrás de 2015, que marcó un índice de 103.

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