Elecciones despiertan temores a retroceso en derechos en Costa Rica
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- Categoría: Internacional
- Publicado el Martes, 3 Abril 2018 2:09am
San José.-
En esta elección se está jugando la democracia, se está jugando la educación, la cultura, y sobre todo se están jugando los derechos humanos”, advirtió recientemente el economista Leonardo Garnier, un exministro de Educación, durante el cierre de campaña de Carlos Alvarado.
La segunda ronda de elecciones presidenciales en Costa Rica, en las que un predicador evangélico aparece con posibilidades de vencer, despertó temores de un retroceso en materia de derechos humanos, en el país que se considera el más progresista de Centroamérica.
El predicador y exdiputado Fabricio Alvarado pelea codo a codo la victoria en el balotaje del 1 de abril con el periodista y politólogo Carlos Alvarado, un exministro de Trabajo postulado por el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda).
Pese a compartir apellido, los candidatos no son familia. Fabricio Alvarado, un periodista de 43 años, fue postulado por el conservador Restauración Nacional (RN), un partido surgido de las iglesias neopentecostales que han proliferado en Costa Rica en las últimas décadas. El aspirante de RN se convirtió en un candidato viable en la primera ronda electoral después de que anunció, el 10 de enero, su intención de retirar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que un día antes se había pronunciado a favor del matrimonio homosexual.
La difusión que tuvo con su propuesta lo disparó en las encuestas, en las que no pasaba de 4% de las intenciones de voto, hasta convertirse en el candidato más votado en la primera ronda electoral, el 4 de febrero, con 24,9% de sufragios frente a 21,6% de Carlos Alvarado. Según una reciente encuesta de la Universidad de Costa Rica, el predicador evangélico tiene 43% de apoyo frente a 42% de su contrincante, entre las personas decididas a votar.
Fabricio Alvardo ha dicho que pretende revertir las directrices de educación sexual, transformar el Instituto Nacional de la Mujer en un organismo para la familia, y anular un decreto que veda la discriminación contra personas sexualmente diversas en instituciones públicas. También ha defendido la práctica de las iglesias evangélicas de ofrecer tratamientos de “cura” para el homosexualidad, y ha atacado al Tribunal Supremo Electoral por restringir el proselitismo político en las iglesias.