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Martes, 23 de Abril del 2024
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Bajan pena a delito que acusa a presidente de Guatemala

Gautemala.-

Guatemala

El presidente guatemalteco Jimmy Morales habla durante la inauguración de un parque en Ciudad de Guatemala el martes 12 de septiembre de 2017. Legisladores votaron en contra de retirar su inmunidad para que pudiera ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito.

El Congreso de Guatemala aprobó el miércoles de última hora una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder.

La reforma ha desencadenado una ola de rechazo. En una acción que los críticos consideraron una maniobra del Congreso para proteger al presidente y a sus políticos de posibles acciones futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito, y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa. La diputada opositora Sandra Morán, quien votó en contra, dijo que las reformas favorecen la impunidad en Guatemala.

Los legisladores hicieron los cambios tras considerar que se trataba de algo con carácter de “urgencia nacional” y pospusieron otras discusiones, incluida una sobre la alimentación escolar, lo cual recibió diversas críticas, incluida de la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El diputado Orlando Blanco del partido Unidad Nacional de la Esperanza fue quién solicitó la aprobación de urgencia y a ella se unieron los legisladores. Blanco ha sido acusado del delito de financiamiento electoral ilícito. Al ser consultado si los cambios en la ley eran ad hoc a su persona respondió que no, que era coincidencia.

“No me afecta porque yo voy a ir a tribunales a ver mi proceso”, dijo. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la representación diplomática estadounidense señaló que, según el Congreso guatemalteco, otros temas como las escuelas, las carreteras y los hospitales no son algo de urgencia nacional. Sin embargo, añadió, “¿Reforma al delito de financiamiento electoral ilícito? Urgencia nacional”.

El Sector Empresarial Organizado, que agrupa a compañías guatemaltecas de distintos sectores, expresó su rechazo y llamó al presidente Morales a vetar las reformas. “Fueron diseñadas para asegurar la impunidad”, indicó el grupo en un comunicado de prensa.

Para Carlos Ovalle, abogado y columnista, con las modificaciones “los políticos se están blindando y no están midiendo las consecuencias”.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó la acción de los diputados de “indignación, vergüenza nacional, un descaro”.